Adolfo Venta – Abogado


Deja un comentario

Recurso frente a convocatoria de elecciones ICA Gijón

AL ILTRE. COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN
PARA SU ELEVACIÓN
AL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

ADOLFO VENTA MARTÍNEZ, abogado ejerciente con el nº 412 de ese Ilustre Colegio, con despacho profesional en calle Begoña, 60 – 1º, Gijón (CP:33201) y DNI:10758321W, expongo:

Que a medio del presente escrito y al amparo del art. 96 del Estatuto General de la Abogacía y 127 del Estatuto de este Ilustre Colegio, interpongo RECURSO para ante el Consejo General de la Abogacía Española contra acuerdo de esa Junta de Gobierno de 6 de Octubre de 2.014 por el que se convocan elecciones para cubrir los cargos de la Junta de Gobierno de Decano, Vicedecano, Diputados Cuarto y Quinto, Bibliotecario y Contador por período de cinco años. (No se recurre la convocatoria para elección del cargo de Diputado Sexto por el período restante de su actual mandato).

Se acompaña como documento 1 copia íntegra de la convocatoria.

Ello con base en lo siguiente:

PRIMERO.- Por escrito que tuvo su entrada en la secretaría de este Colegio el 30 de Septiembre de 2.014 solicité la celebración de Junta General extraordinaria para la modificación del art. 67.2 del vigente Estatuto colegial.

Avalaban tal petición ciento dos colegiados ejercientes más, que juntos sumamos más del diez por ciento del censo colegial ejerciente, que se requiere para formular tal petición.

La modificación estatutaria pretendida es del siguiente tenor literal:

“El período del mandato de los miembros de la Junta de Gobierno será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos hasta alcanzar un máximo de tres mandatos incluido el inicial, de forma consecutiva o alterna, y sin que quepa desempeñar más de dos mandatos en el mismo cargo”.

Como norma transitoria para la aplicación de la modificación estatutaria anterior se establece que:

“Los actuales miembros de la Junta de Gobierno que superen dichos límites, podrán permanecer en sus respectivos cargos hasta finalizar el mandato”.

En tal escrito se solicitaba la celebración de Junta General extraordinaria a la mayor brevedad posible en primera y segunda convocatoria, con antelación suficiente a la segunda Junta General Ordinaria a celebrar en el último trimestre del presente año 2014, dada la incidencia que la modificación de Estatutos, caso de aprobarse, habría de tener respecto de la elección para cargos vacantes de la Junta.

Se acompaña como doc. 2 escrito de petición de Junta General extraordinaria.

SEGUNDO.- El 6 de Octubre de 2.014 la Junta de Gobierno toma el acuerdo de convocar la Junta General extraordinaria solicitada señalando para su celebración el día 27 de Octubre de 2.014 a las 13:00 horas.

El acuerdo tomado se esfuerza en justificar la tardía convocatoria de esta Junta General extraordinaria en primera y segunda convocatoria así como el posterior refrendo por parte del Consejo General de la Abogacía, llegando a la conclusión -totalmente falsa, por cierto- de que su entrada en vigor nunca podría ser anterior a la Junta General ordinaria del último trimestre del año en la que se convocan elecciones para cargos de la Junta. El razonamiento seguido para llegar a tal conclusión es tan ficticio y surrealista que no merece el menor comentario; basta la simple lectura de su texto, al que me remito, para su total descrédito.

Se acompaña como doc. 3 el citado acuerdo.

TERCERO.- Ese mismo día 6 de Octubre de 2.014 la Junta de Gobierno tomó también el acuerdo de convocar Junta General ordinaria para celebrar elecciones a cargos de la propia Junta señalándose a tal fin el 7 de Noviembre de 2.014 a las 10:30 horas. (Documento 1 acompañado).

CUARTO.- En la prensa local de Gijón del día 8 de Octubre siguiente aparece la declaración del Sr. Decano D. Sergio Herrero (con foto incluida) de que optará a la reelección de Decano para estas elecciones.

Se acompaña como doc. 4 copia de la pág. 6 del diario local El Comercio de 8-10-14, en que se publica la noticia.

Es evidente que al Sr. D. Sergio Herrero Álvarez, con veinte años en la Junta de Gobierno (diez como Bibliotecario y estos diez últimos como Decano), le afectaría de forma radical la pretendida reforma estatutaria, impidiéndole su presentación a la reelección (al igual que a quien suscribe, que ya desempeñó cargos en la junta durante tres mandatos).

Entendemos que ese es el motivo por el que se ha jugado con las fechas de ambas Juntas Generales, adelantando la ordinaria que se debía posponer y retrasando la extraordinaria que se debía adelantar, para burlar los efectos de la reforma estatutaria y poder acceder así el Sr. Herrero a un nuevo mandato más de otros cinco años como Decano.

QUINTO.- Es evidente que mi petición de que la Junta extraordinaria fuese convocada a la mayor brevedad posible, no fue atendida.

El art. 77.1 de nuestro Estatuto señala que “las Juntas Generales deben convocarse, con antelación mínima de quince días, salvo los casos de urgencia en que a juicio del Decano deba el plazo reducirse”.

La razón de urgencia en este caso es palmaria, pues hay que celebrar la Junta extraordinaria de forma que produzca efectos antes de la ordinaria. Es decir, debemos saber cómo queda reglamentado el acceso a cargos de la Junta antes de la elección a dichos cargos.

¿Por qué el Sr. Decano quiso entender al revés las razones de urgencia?. No cabe la menor duda de que ello fue con la única finalidad de poder reelegirse. Antepuso su interés personal al del colectivo.

Ese día 6 de Octubre en que se tomó el acuerdo de convocar Junta extraordinaria, podía haberse señalado ésta con un plazo de siete días, por ejemplo, para el día 13 de Octubre en primera convocatoria a las 13:00 horas y en segunda convocatoria a las 13:30 horas.

Resulta evidente que un plazo de siete días es más que suficiente para que los colegiados puedan reflexionar y tomar criterio respecto a si están a favor o en contra de limitar el tiempo de mandato a los cargos de la Junta.

No puede caber objeción alguna a que en una misma citación se hagan las dos convocatorias distanciadas por tan sólo media hora. (Por casual circunstancia tengo a la vista en este momento una convocatoria del Colegio de Abogados de Madrid de Junta General Ordinaria y Extraordinaria para el 19 de Diciembre de 2.013 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda).

De este modo, si supuestamente se hubiese convocado la Junta extraordinaria en primera y segunda convocatorias para el día 13 de Octubre y la reforma estatutaria hubiese salido adelante, el acuerdo reformando estatutos bien pudiera estar dos o tres días después, el 15 o el 16 de Octubre, en la secretaría del Consejo General de la Abogacía para su refrendo. Y tendríamos el acuerdo tomado y refrendado en el mismo mes de Octubre.

De este modo quedaba tiempo más que suficiente para convocar la Junta ordinaria para elección de cargos durante el mes de Noviembre y su posterior celebración en el mes de Diciembre.

Pero precisamente lo que hizo la Junta de Gobierno y su Decano fue todo lo contrario. No solo dilató la convocatoria de la extraordinaria, sino que abrevió la convocatoria de la ordinaria. Pues ya vimos que el mismo día 6 de Octubre se tomó el acuerdo de convocar la ordinaria para el 7 de Noviembre. Este afán de adelantar la Junta ordinaria queda puesto de manifiesto con solo ver cómo en las anteriores elecciones del año 2.009, en las que el Sr. Herrero se reeligió por otros cinco años, se tomó el acuerdo de convocatoria el 30 de Octubre de 2.009 y se señaló Junta ordinaria con elección de cargos el día 2 de Diciembre de 2.009. Prácticamente las elecciones de 2.014 se han adelantado un mes sobre las elecciones de 2.009.

Se acompaña como doc. 5 el acuerdo de convocatoria para elecciones en el año 2.009.

SEXTO.- La Junta de Gobierno y su Decano actuaron de forma fraudulenta apurando la celebración de la Junta ordinaria y dilatando la extraordinaria con la única finalidad de que al menos al Decano (ignoro si también a otras personas) no le afecte la limitación de acceso y permanencia en cargos de la Junta de Gobierno que se pretende por vía de reforma estatutaria.

Tal fraude lo es no solo frente a los 103 colegiados que solicitamos la Junta extraordinaria, sino frente a todo el censo colegial, porque a todos afecta.

El fraude de ley, el abuso del derecho, el ejercicio antisocial del mismo y el quebrantamiento del principio de la buena fe que de forma general proclaman los arts. 6 y 7 del Código Civil, saltan a la vista en la forma de llevar a cabo estas dos Juntas Generales.

SÉPTIMO.- De este modo el acuerdo recurrido deviene nulo por imperativo del art. 126 de nuestro Estatuto y el 95 del Estatuto General de la Abogacía, que coinciden ambos en señalar la nulidad de pleno derecho de los actos de los órganos colegiales que incurran en alguno de los supuestos que establece el art. 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que predica en su apartado 1-a) tal nulidad respecto de los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Ello en relación con el art. 23 de la Constitución que proclama el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de elecciones y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

Por lo expuesto,

SOLICITO AL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA tenga por presentado este escrito junto con los documentos que lo acompañan, lo admita, y habiendo por interpuesto recurso frente al acuerdo de la Junta de Gobierno del Iltre. Colegio de Abogados de Gijón de fecha 6 de Octubre de 2.014 por el que se convocó Junta General Ordinaria para su celebración el día 7 de Noviembre de 2.014, se sirva estimar el mismo íntegramente y en su virtud declarar nulo de pleno derecho el punto 3 de la convocatoria respecto de la elección para los cargos de la Junta de Gobierno de Decano, Vicedecano, Diputados Cuarto y Quinto, Bibliotecario y Contador por período de cinco años, mandando posponer la elección hasta tanto se celebre la Junta General extraordinaria (convocada en primera convocatoria para el día 27 de Octubre de 2.014) y a tenor de las normas estatutarias que resulten de aplicación en virtud de los acuerdos que se tomen en dicha Junta.

OTROSI DIGO: Que con base en el art. 96.2 del Estatuto General de la Abogacía en relación con el art. 111 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común intereso la suspensión de las elecciones para los cargos de Decano, Vicedecano, Diputados Cuarto y Quinto, Bibliotecario y Contador del Iltre. Colegio de Abogados de Gijón, a celebrar el próximo día 7 de Noviembre de 2.014, dado que su celebración causaría un evidente perjuicio de imposible reparación, al poder resultar elegidas personas que a tenor de la reforma estatutaria no pdrían concurrir a las elecciones, y toda vez que la impugnación del acuerdo recurrido se fundamenta en las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el art. 62.1 de la citada ley procedimental.

Por ello de nuevo

SOLICITO AL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA acuerde la suspensión que se deja interesada.

Gijón, 20 de Octubre de 2.014.

 

OCTUBRE 2014.


1 comentario

Especial situación de los detenidos en fines de semana

No puedo por menos que denunciar públicamente una vez más y ahora desde este blog lo que le puede pasar a cualquier ciudadano que resulte detenido en un fin de semana en Gijón. (Tal vez sea lo mismo en otras localidades, pero yo voy a referirme a ésta porque es la que conozco).

Si sale Vd. de copas un viernes por la noche (me da igual a tomarse unas copas que a la Adoración Nocturna), puede verse implicado en cualquier suceso en el que la policía proceda a su detención y traslado a las dependencias policiales. Lo que no supone ni siquiera que haya Vd. cometido alguna infracción. Basta con resultar sospechoso como implicado en alguna situación irregular para que las fuerzas del orden procedan a su detención.

Mientras permanezca en las dependencias policiales estará desposeído de sus particulares pertenencias: dinero, móvil, tabaco, encendedor, etc., incluso hasta los cordones de los zapatos si es que los lleva, en espera de que al día siguiente sea trasladado al Juzgado de Guardia en donde tras prestar declaración o excusarse de hacerlo, el juez dispondrá sobre su situación personal: si decreta su puesta en libertad, si acuerda prorrogar la detención o si dispone su ingreso en prisión. La inmensa mayoría de los detenidos son puestos inmediatamente en libertad porque la inmensa mayoría de las infracciones penales cometidas son, a Dios gracias, de escasa importancia, o aún siendo de cierta importancia no son motivo suficiente para la privación de libertad.

Por eso tendrá usted que pasar la noche del viernes detenido en los calabozos de las dependencias policiales en espera de que llegue ese momento de su traslado al Juzgado. Durante la mañana del sábado la policía debe hacer unas cuantas cosas antes de su traslado al Juzgado: hacerle una ficha policial, hacerle fotografías, tomarle huellas digitales, disponer su traslado a un centro sanitario si la situación lo requiere, darle a conocer sus derechos como detenido, invitarle a declarar en presencia de abogado, facilitarle una entrevista con éste, y un montón de cosas más que conforman el protocolo de esta actuación policial. Todo esto requiere un tiempo y bien porque los policías que le van a atender no hayan madrugado mucho en sábado, bien porque estén sobrecargados de trabajo (puede haber muchas personas detenidas), bien porque el abogado que va a asistirle en la declaración retrasa su presencia o por cualquier otra de las muchas circunstancias que pueden concurrir, tal vez no estén los trámites conclusos para pasarlo a disposición judicial antes de las 12 de la mañana, incluso puede que no estén terminados hasta comenzada la tarde o tal vez haya que demorar hasta el día siguiente domingo.

Y es, llegados a este punto, cuando si tiene usted la desgracia de que esté de guardia el Juzgado de Instrucción Nº 3 con su magistrado-juez D. Jesús Pino Paredes al frente, sin duda no va a ser puesto usted a disposición judicial hasta media mañana del lunes siguiente, debiendo continuar detenido en el centro policial hasta ese momento.

Esto se debe a que este Juzgado no hace guardia a partir del mediodía del sábado ni durante el domingo, cursando orden a la policía de no trasladar a los detenidos al Juzgado hasta la mañana del lunes.

Denuncio aquí esta actuación irregular y anómala -por decirlo finamente- porque como letrado adscrito al Servicio de Asistencia a Detenidos y Presos he vivido esta circunstancia en más de una ocasión y creo que es mi obligación denunciarla.

En cierta ocasión la prolongación de la detención adquirió cierto tinte dramático. La solución por parte de la Policía fue invitarme a que fuese a hablar con el juez, pero D.Jesús Pino no estaba en el Juzgado, por lo que la detención se prolongó hasta la mañana del lunes.

Posteriormente hablé personalmente con este magistrado para exponerle mi queja por estos hechos, recibiendo como única respuesta que era práctica generalizada entre los Juzgados de Instrucción no recibir detenidos en sábado por la tarde ni domingo.

Ante ello puse los hechos en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial. En el expediente que el Consejo abrió al respecto el magistrado D. Jesús Pino negó todo, incluso la entrevista que tuve con él. El Secretario del Juzgado D. Francisco Javier Canal Meana (que por cierto, no estaba de Secretario en este Juzgado en la fecha del hecho denunciado), alegó lo mismo que el magistrado. Dicen que no es que ellos no reciban a los detenidos, sino que es la Policía la que no los remite al Juzgado. Yo tengo constancia de que esto no es cierto: es el Juzgado el que no los recibe, no la Policía la que no los envía. La Policía prefiere no tener detenidos en los calabozos.

El Consejo General del Poder Judicial mantiene que como yo afirmaba y el magistrado y el secretario negaban, no había prueba suficiente y archivó el expediente sin más. La prueba la tiene el Consejo General del Poder Judicial con sólo oficiar a la Comisaría de Policía y ver si la orden de no llevar los detenidos al Juzgado de fin de semana parte de Comisaría o de los Juzgados de Guardia, pero el Consejo no se molestó en hacer la más mínima indagación (no hay mayor sordo que quien no quiere oir). Yo por mi parte no pienso convertirme en justiciero de ningún magistrado, me limito a denunciar los hechos y es el Consejo quien de oficio debiera actuar. ¿Por qué no lo hace?, ¿por qué no actúa?, cuando la realidad -y lo sabe todo el mundo- es que los detenidos en fines de semana se pudren en los calabozos de Comisaría sin que se les lleve ante el juez.

De todo ello dí conocimiento al Colegio de Abogados de Gijón.

Nadie hizo nada por remediar esta situación, que continúa igual, según reiteradamente he podido comprobar en otros fines de semana.

A mí me produce indignación que instituciones como la judicatura o la abogacía que ante cualquier reforma de la Administración de Justicia que particularmente no les viene bien se oponen esgrimiendo como bandera la defensa del justiciable. Lo que no es más que una tapadera para la defensa de los intereses propios. Aquí en el caso que yo denuncio la intervención en defensa del justiciable se hace de todo punto necesaria, pero esas instituciones no tienen ningún otro motivo particular que les mueva a actuar y no actúan. Por lo que cuando dicen que lo hacen en beneficio del justiciable pienso que no es más que una actitud hipócrita que es lo que como digo me indigna.

Durante estas fechas ha habido una inspección, entre otros, al Juzgado de Instrucción Nº 3 de Gijón. Pero esto no es objeto de inspección. Yo no me molesto ya ni en ponerlo en conocimiento de la Inspección porque si el Consejo General del Poder Judicial no me ha hecho caso, menos me va a hacer una Inspección dependiente de este organismo, y con ello sólo conseguiría aumentar la inquina que el propio magistrado D. Jesús Pino dice tenerme por esto.

Me limito como último recurso al pataleo, a ponerlo de manifiesto en mi blog como aviso a navegantes a los que pueda llegar a su conocimiento.

——————

A propósito de esto, quiero también denunciar la situación de higiene y salubridad en la que según parece ser se encuentran los detenidos en los calabozos de la Comisaría de Policía principal de Gijón. Muchos de ellos, con ocasión de mi asistencia a los mismos me han comentado el frío (lógicamente en invierno) que pasan en los calabozos, no disponiendo más que de una manta para taparse, de la que me dicen -y aquí está la denuncia- que está orinada, excrementada y vomitada, con olor insoportable, prefiriendo pasar frío antes que taparse con ella. Esta queja de la manta en estas circunstancias me la han dado muchos detenidos, aunque no todos, obviamente, y eso hace sospechar.

Quizás haya detenidos ebrios, drogados, etc, que hagan sus necesidades en la manta. Pero ello no justifica que otros detenidos tengan que taparse con ella.

Ignoro cual es el sistema de lavado y reciclaje de estas mantas. Pero estoy seguro de que deja mucho que desear y es un oprobio para un detenido dispensarle este tipo de atención, porque los detenidos, como todo el mundo, tienen sus derechos y no tienen por qué soportar la mierda de otros, por muy execrable que pudiera ser el delito -si lo es tal- que motivó su detención. Los calabozos y su dotación deberían tener un control al menos en lo que al aspecto higiénico de primera necesidad se refiere, y yo por lo que he oído estoy seguro que no lo tienen, o al menos no lo tienen en la forma debida. ¿Qué clase de limpieza se sigue al respecto? ¿Quiénes son los responsables de la misma?. Alguien tendría que responder a estas preguntas porque es evidente -por las muchas quejas que escuché- que las cosas no se hacen bien y tendrían que aflorar los responsables amparados en la impunidad que propicia el aislamiento de la celda en el trato con el detenido.

Y esto al igual que las guardias del Juzgado en fines de semana son cosas a las que había que meterles mano.

MAYO 2.014.


Deja un comentario

Costas: criterios para su imposición

     El criterio informador de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 en materia de imposición de costas en los procedimientos declarativos ordinarios se inspiraba en la libre apreciación de los Tribunales de la existencia de temeridad, salvo en los supuestos de excepción taxativamente determinados en la misma Ley.

      Consecuentemente el criterio para hacer expresa imposición de costas a una parte litigante era simplemente que el Tribunal apreciase en dicha parte una conducta temeraria o de mala fe, tanto en el aspecto procesal como en el sustantivo.

      La verdad es que rara vez hacían los Tribunales expresa imposición de costas a una parte, pues se vivían procesos en los que la mala fe de alguno de los litigantes rayaba a considerable altura, sin que el Tribunal sentenciador apreciase méritos suficientes para imponerle las costas.

      Las sentencias expresaban en uno de sus Considerandos (hoy, Fundamentos de Derecho), generalmente el último, la manida coletilla de que no se apreciaban méritos suficientes para una expresa imposición de costas.

      Pienso que esta desidia por parte de jueces y tribunales en apreciar méritos en orden a una imposición de costas, no obedecía nada más que a la ley del mínimo esfuerzo. ¿Para qué molestarse razonando y motivando una expresa imposición de costas?, si a fin de mes -o principios del siguiente- vamos a cobrar lo mismo. El juez cumplía con la legalidad diciendo que no apreciaba méritos para ello (yo diría que no se molestaba en apreciar), y una vez cubierto así el aspecto formal, importaba poco a los jueces dispensar una justicia material y molestarse en motivar imposiciones de costas basadas a veces en conductas claramente temerarias.

      Esta total dejadez por parte de los jueces en cuanto a administrar correctamente justicia en materia de costas tuvo un paliativo en el Decreto de 21 Noviembre 1.952 regulador del procedimiento ordinario de cognición (a caballo en cuanto a su cuantía entre el juicio verbal y el de menor cuantía, hoy ordinario) que en su art. 60 establecía:

      “En las resoluciones que pongan término al juicio se resolverá sobre el pago de costas, que se impondrán a la parte cuyos pedimentos hubieren sido totalmente rechazados. Si la estimación o desestimación fueren parciales, cada parte abonará las costas causadas a su instancia, y las comunes, por mitad”.

      Pero en la práctica con ello no se hizo más que aumentar la denunciada injusticia respecto a costas, creando así situaciones injustas pero de distinto signo, pues tan injusto resultaba no imponer costas cuando había que imponerlas, como imponerlas cuando no se debieran imponer. La denunciada dejadez de los jueces siguió igual pero en doble sentido, sin tomarse la menor molestia tanto para no imponer costas en un procedimiento de cognición como para imponerlas en los demás procedimientos declarativos. Así que podías perder un cognición por un pelín y te imponían los costas, a la vez que podías ganar otro declarativo por goleada y no te daban costas.

      No tenía el menor sentido la doble vara de medir en un procedimiento que en otros. Y por eso, pienso yo, en la reforma de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil llevada a cabo por la Ley 34/1.984 de 6 de Agosto se estableció en su art. 523 lo siguiente:

      “En los juicios declarativos las costas de la primera instancia se impondrán a la parte cuyas pretensiones hubieren sido totalmente rechazadas, salvo que el juez, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifique su no imposición.  Si la estimación o desestimación fueren parciales cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad”.

      También en consonancia el art. 710 respecto al recurso de apelación establecía:

      “La sentencia confirmatoria o que agrave la de primera instancia deberá contener condena en costas al apelante, salvo que la Sala estime motivadamente que concurren circunstancias excepcionales que justifican otro pronunciamiento”.

      Pero en la práctica resultaba muy extraño ver un pronunciamiento de este tipo tanto por parte de los Juzgados como de las Salas de las Audiencias, aunque por parte de éstas no tanto.

      De este modo el criterio básico de no imponer costas salvo razonadas excepciones se trocó en el opuesto de imponerlas salvo las mismas excepciones. La dejadez judicial, por llamarlo de algún modo, siguió igual, sin razonar ni motivar, y por eso imponiendo ahora costas a diestro y siniestro en virtud sin más que del criterio del vencimiento, caiga quien caiga, sin pararse a fundamentar lo verdaderamente procedente en cada caso, porque parece que lo único que les importa a nuestros jueces es cumplir con aquéllo que es objeto de inspección, y que no es más que poner sentencias como sea para no tener el Juzgado atascado de asuntos en trámite. La finalidad es muy loable, pero no justifica la baja calidad de las sentencias, al menos en cuanto al tema de costas que es el que aquí se trata.

      En el momento presente con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000 de 7 de Enero la situación es muy parecida a la anterior. En su art. 394 se expresa de este modo:

      “En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.  Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad”.

      Este mismo criterio es el fijado para el recurso de apelación y otros en los arts. 397 y 398 de dicha Ley.

      Vemos por tanto que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil sigue el mismo criterio del vencimiento establecido en la anterior a partir de la reforma de 1.984, si bien facilita más al juez salirse de ese automatismo de que quien pierde paga, pues para ello antes se requería la concurrencia de circunstancias excepcionales, mientras que ahora basta con apreciar serias dudas de hecho o de derecho, lo que mitiga la suma rigidez anterior.

      Pero el caso en definitiva -y es a lo que voy- es que tanto cuando imperaba el principio de la no imposición, como ahora que rige el de la imposición, nuestros jueces nunca han hecho gala de molestarse lo más mínimo en razonar y motivar los casos -bastantes, por cierto- en que la aplicación automática de cualquiera de estos dos principios no resulta procedente, sencillamente porque crea una situación injusta. Es como si hubiese un pacto tácito de silencio entre los jueces para no calar en este asunto. Y así están los jueces dictando resoluciones que cumplen la legalidad y son  la vez en muchos casos enormemente injustas, sin más justificación que su personal desidia, apatía, comodidad y dejadez.

      Con la vigente Ley, que como vemos sigue el criterio del vencimiento, se producen a veces situaciones macabras ante la total frivolidad de los tribunales que las imponen sin importarles un rábano la situación que crean para el condenado (les basta con cumplir la legalidad), pues si les importase algo se molestarían en motivar un justo y equitativo reparto de las costas, porque -también hay que decirlo- no tiene por qué adoptarse únicamente el dilema de costas sí o costas no, pues cabe distribuirlas de forma que no sea solo a una parte o por mitad entre ambas, sinó por ejemplo, una cuarta parte frente a tres cuartas partes, o un tercio frente a dos tercios o en cualquier otro porcentaje (pronunciamientos éstos que en contadisísimas ocasiones hemos visto), o incluso excluyendo o incluyendo de la imposición determinada partida cual pudiera ser los honorarios de determinado perito, etc. Claro está que todo esto exige un estudio más profundo y una mayor motivación, pero cómo vamos a pedir esto a nuestros jueces si por exclusiva razón de comodidad no se salen de la imposición pura y dura por criterio del vencimiento a modo de martillo pilón; justicieros ajusticiando al justiciable.

      En definitiva, el actual sistema de imposición de costas unido a las nuevas tasas y demás depósitos y consignaciones no hace otra cosa sinó que cercenar el principio pro actione de libre acceso a la jurisdicción, pues ahora más que nunca el plantear un pleito supone una decisión de riesgo y más aún si ante un resultado adverso se opta por recurrir en apelación. Y es que la inseguridad jurídica es tal que incluso los abogados no aventuramos cual va a ser el resultado de un juicio ya concluso hasta no tener la sentencia en la mano, por lo que muchas veces es preferible no litigar para evitar serios disgustos. Todo ello si no se reúnen las condiciones necesarias para poder litigar acogiéndose a los beneficios de asistencia jurídica gratuita, porque quienes la obtengan afrontarán los juicios con el mismo desenfado y despreocupación, aplomo y serenidad con que lo hacen nuestros jueces, fiscales y secretarios, que tampoco pagan costas.

      A propósito de esto, loaba el eximio procurador de los tribunales Eduardo Castro la actuación de un juez de Gijón llamado Obdulio Siboni (posteriormente magistrado del Tribunal Supremo) que allá por los años 20 del pasado siglo se impuso a sí mismo las costas de determinado trámite procesal en reconocimiento de que no había despachado el mismo con acierto, en un gesto de humildad y sensatez que le honra. No sé que trámite procesal sería que en aquella época permitiese semejante pronunciamiento. Con la ley actual no sería posible, pero si lo fuese, ¿alguien se imagina a un juez pagando las costas de un recurso a quien apeló con éxito de su sentencia?. Yo no me lo imagino porque siempre sostuve que el modus operandi de nuestros jueces está inspirado en aquellos versos de Guillén de Castro: “procure siempre acertalla el hidalgo y principal; pero si la acierta mal, defendella y no enmendalla”.

      No cabe duda de que los jueces debieran tomar mayor conciencia de lo que supone disponer de las costas. Para ello nada mejor que sufrirlo en sus carnes (entiéndase, en su cuenta corriente). Algo así como lo que la revolución cubana hizo con los intelectuales: mandarlos una temporada a cortar caña para que así tomasen conciencia plena del trabajo y la vida del guajiro porque desde los despacho se ve de otra forma.

      ABRIL 2.014


Deja un comentario

Los riesgos del principio Iura Novit Curia

     Como es sabido el principio iura novit curia consiste en que el juzgador introduce a la hora de sentenciar nuevos fundamentos jurídicos que no han sido invocados por las partes, en base a los cuales se pronuncia de determinada forma.

      Aunque el principio iura novit curia se refiere exclusivamente a elementos jurídicos, no a elementos fácticos, es lo cierto que en la mayoría de los casos la nueva apreciación jurídica está basada en una interpretación fáctica que tampoco fue invocada por las partes.

      Vamos a un ejemplo, por simple que sea, en que aparezcan estas dos facetas:

      Cayo reclama a Ticio el pago de mil denarios. Ticio se opone al pago alegando compensación con otras deudas. El juez resuelve desestimando la demanda de Cayo por entender que si bien no hubo compensación, hubo condonación de la deuda por parte de éste.

      Vemos que en virtud del principio iura novit curia el juez aplica la condonación como modo de extinción de la obligación, cosa que las partes no habían invocado. Pero -y aquí está la novación de facta y no sólo de iura- el juez entiende que hubo condonación interpretando el relato fáctico en tal sentido. Las partes tampoco han debatido sobre el hecho que da pie a esta condonación, porque si no invocan la condonación, huelga debatir el hecho que pudiera dar lugar a la misma.

     Aquí tenemos en este ejemplo la introducción por el juez de un nuevo fundamento legal a la vez que la apreciación de un hecho que no resultó discutido por las partes, y que el juez colige de las actuaciones.

      La novación judicial, sea sólo de derecho o con la introducción de algún elemento de hecho, produce en Cayo, que ve desestimada su demanda, una clara y patente indefensión, pues se encuentra con una apreciación fáctica por parte del juez, que no puede rebatir ni hacer prueba en contra y con una fundamentación legal, a la que tampoco nada puede oponer.

                    =====================

     Este riesgo que advierto de la aplicación del principio iura novit curia no ocurre en el arbitraje. Al menos en el arbitraje que yo personalmente propugno, porque cuando el arbitro introduce un fundamento jurídico nuevo e incluso la apreciación de un elemento fáctico no discutido, lo que debe y puede hacer es dar traslado de ello a las partes (a modo de la propuesta de resolución de nuestro Derecho Administrativo) para que puedan alegar y probar al respecto lo que tengan por conveniente, ahuyentando así el peligro de una situación de indefensión por la aplicación sin más del principio iura novit curia.

 

     MARZO 2.014


Deja un comentario

El tándem Juez – Fiscal

     Se dice que el fiscal es una parte en el proceso. Una parte más. Pero no una parte como las demás partes, sino una parte con privilegios, lo que rompe el principio de igualdad de partes en el proceso. El fiscal no paga costas (art. 394-4 LEC), luego ya me dirán dónde está la igualdad de partes. Pero de esto de las costas a fiscales y también a jueces, por la importancia del tema, ya tendremos ocasión de hablar en otro momento.

      El fiscal está más cerca del juez que de las partes. Los signos externos ya denotan su condición privilegiada próxima al juez y alejada de las otras partes (abogados, principalmente). Y así tenemos que aunque el fiscal ocupa un lateral en estrados y no el centro de los mismos, vemos con harta frecuencia que su asiento es distinto, suele tener un respaldo más elevado. En algunos sitios goza de asiento individual, mientras que el de los letrados que están a su lado es un asiento corrido. He visto en una sala de audiencia a un presidente advertir a un letrado que se colocó en el primer puesto de la bancada de la parte recurrente, que estaba ocupando indebidamente el sitio del fiscal, pese a que el fiscal no era parte en el recurso. Verdad es que no son más que signos externos de carácter formal, pero denotan la desigualdad.

      El hábito no hace al monje, pero lo identifica. La vestimenta del fiscal es como la del juez: cordones, veneras, insignias, bordados, puñetas …, que lo distingue de la toga sin aditamentos de las otras partes proletarias.

      Aprovecho para decir que a mi esta especie de abalorios me produce sensación de ridículo ajeno. Sin el menor ánimo de ofender diré que me traen a la mente recuerdos de mi juventud como el de la rifa de la “xata” en las romerías asturianas. Bueno, pero esto es sólo una sensación personal ajena al tema y es que para mí todos estos adornos no dicen bien con la seriedad, sobriedad y austeridad de la toga y menos con la difícil y hasta a veces trágica misión de juzgar y condenar.

      La proximidad entre jueces y fiscales viene dada principalmente porque antes, hace años, no sé cómo estaban estructurados si en dos cuerpos y un sólo escalafón, pero el caso es que se pasaba de fiscal a juez y de juez a fiscal como se puede pasar de juez de lo penal a juez de lo civil. Eso de ser compañeros de profesión da una proximidad que no es buena y acentúa más la desigualdad respecto de las otras partes en el proceso, tan alejadas del juez. He visto en una ocasión decir un fiscal a un juez que él era fiscal por vocación, pues había obtenido mejor número que él en la oposición. Tal consideración se debe a que por lo general los opositores que ocupan las primeras plazas suelen ir para juez y los últimos para fiscal.

      En el momento presente parece ser que jueces y fiscales, como funcionarios que son están totalmente separados. Pero sin embargo acceden a sus cargos a través de la misma oposición, y van por número escogiendo plaza de juez o de fiscal.

     Esta promiscuidad de oposición genera un compadreo juez-fiscal, crea cierto feeling entre ellos que no es bueno para la administración de justicia porque facilita la intromisión de uno en las funciones del otro de forma que incluso queda afectada la independencia del juez. Esta proximidad entre ambos se traduce a veces en un pasteleo impropio. Y así el juez le “pide” al fiscal que éste le “pida” en determinado sentido para poder fallar así, pues si no hay petición no puede haber fallo en tal sentido, so pena de incongruencia. Pero lo más grave para la recta administración de justicia es el mutuo apoyo que se prestan en sus planteamientos, pues así nunca parece desacertada una petición del fiscal que es correspondida por el juez en tal sentido, ni tampoco una decisión judicial que previamente fue postulada por el fiscal. Es una manera de diluir la responsabilidad. El fiscal pide porque en definitiva es el juez el que resuelve y el juez resuelve porque así lo ha pedido el fiscal.

      Por ello, para deshacer esta cercanía entre jueces y fiscales generadora de la lógica amistad entre ellos, no basta con la separación de ambos cuerpos y escalafones, sino que sería necesario también que el acceso a las carreras judicial y fiscal sea a través de oposiciones distintas. Sería una manera de empezar a diferenciar ab initio ambas funciones, pues ser compañeros de estudios, o en este caso de oposición, crea amistades peligrosas y no resulta de provecho para la justicia.

      FEBRERO 2.014


Deja un comentario

Los abogados no colegiados y las costas

     Soy partidario de la colegiación obligatoria de los abogados, aunque no esté de acuerdo con algunos aspectos del funcionamiento de los colegios, al menos de los que yo conozco, y en especial el mío, el de Gijón, que es el único en el que a día de hoy, en virtud de la colegiación única por razón de residencia, estoy colegiado.

      Y digo que soy partidario de la colegiación obligatoria, entre otras varias razones de más peso, porque así prima facie al menos sabemos quienes somos.

      Consecuentemente no veo con excesivo agrado que se permita intervenir ante un Tribunal de Justicia en calidad de abogados a personas que no lo son, porque no reúnen el requisito de la colegiación que se exige para ser abogado y actuar en tal condición ante los Tribunales. Pero éste no es el tema a que voy ahora a referirme, que se ciñe exclusivamente a los honorarios en costas de estas personas.

     Los licenciados en derecho no abogados pueden intervenir como abogados sin estar colegiados, previa habilitación del Colegio correspondiente para actuar en defensa de intereses propios o de familiares cercanos. Así por ejemplo, un juez o un inspector de trabajo, que son licenciados en derecho, pueden en virtud de su licenciatura, no de su oposición, intervenir de esta forma. En estos casos el Tribunal Supremo tiene declarado que si hay condena en costas a favor de esta parte, éstos llamémoslos pseudoabogados no pueden minutar en costas. Resulta lógico. Si las costas son del abogado, ellos no lo son. Si las costas son del cliente, el cliente no tiene costas de abogado porque ellos no pueden girar honorarios.

      Sin embargo intervienen ante los Tribunales en defensa de la Administración personas adscritas al servicio jurídico de la misma, que se supone son licenciados en derecho y teniendo este dato como cierto no están adscritos a ningún colegio ni son abogados ejercientes: así por ejemplo, servicio jurídico del I.N.S.S., servicios jurídicos de ayuntamientos y comunidades autónomas y los propios abogados del Estado al servicio de la Administración Central.

      Las condenas en costas a favor de la Administración cuando estos “defensores” intervienen, incluyen los honorarios del abogado, que no debieran incluirse por el símil con los licenciados en derecho, pues tenemos que:

      a) Si las costas son del letrado, estas personas, aunque sean licenciados o doctores en derecho no son abogados ejercientes, no están adscritos a ningún colegio y no están obligados por las normas deontológicas ni siquiera en materia de honorarios. Sin embargo es curioso que en caso de impugnación de honorarios sean los colegios quienes emitan dictamen, precisamente sobre honorarios de personas no aforadas como abogados y sin que los mismos tengan conocimiento de los criterios de honorarios profesionales del colegio en cuestión.

      Es más, sus honorarios en costas no tienen tratamiento fiscal. Son ingresos por actividad profesional y ellos no son profesionales sino funcionarios públicos. Tendrían que estar de alta en el I.A.E., en la Mutualidad/Seguridad Social y en el más leve de los supuestos tendrían que ser alta como abogados ejercientes para poder pasar esa minuta aunque luego acto seguido se diesen de baja. Pero ocurre que para darse de alta como abogado en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) hay que estar colegiado. Por lo que si se colegian ya desapareció el problema porque entonces son abogados ejercientes. (Ello sin perjuicio del régimen de incompatibilidades que les pudiera afectar).

      b) Si los honorarios no son del abogado, sino de la propia parte, nos encontramos con que lo cobrado en costas de letrado pasaría a la Administración correspondiente en concepto de resarcimiento de costas. Pero esas costas no existen porque la Administración no paga esos honorarios al funcionario que interviene de letrado en su defensa. Con lo que si no existen costas, es decir, gasto de honorarios de letrado a cargo de la Administración, mal podrá ésta cobrar el importe de esos honorarios a la parte vencida en costas. Si esto se hace así estaríamos cuando menos, creo yo, ante un caso típico de enriquecimiento injusto por parte de la Administración.

      Ello me lleva a la conclusión de que en las tasaciones de costas no deberían de incluirse nunca honorarios de letrado cuando quien interviene como tal no es colegiado ejerciente, lo que implica cuando menos estar en alta en el colegio correspondiente y ante la Hacienda Pública, que no es poco.

      Lo mismo cabe decir cuando estos funcionarios hacen de procurador, tal es el caso del abogado del Estado que ostenta en pleito no sólo la defensa, sino también la representación de la Administración.

      ENERO 2.014


Deja un comentario

El caso Nóos

     Por los medios de comunicación tuve conocimiento de que el Fiscal del llamado caso Nóos había presentado un escrito de treinta y tantos folios en pro de la no imputación de la Infanta Dña. Cristina de Borbón.

      Yo, aunque no soy lo que se dice un penalista, nunca tuve conocimiento en mi vida profesional de que el Fiscal pidiera la no imputación de una persona antes de que ello tuviera lugar, tan solo por temor a que tal imputación pudiera producirse. Y me asombra su celo al haber invertido en ello más de treinta folios, dadas las sucintas cuando no telegráficas alegaciones a que el Fiscal nos tiene acostumbrados.

      Por ello, me gustaría saber si algún compañero tuvo conocimiento alguna vez de algo tan insólito, y resulta que lo de insólito no es más que fruto de mi poca experiencia en este campo. De no ser así, habrá que sacar conclusiones.

     DICIEMBRE 2.013


2 comentarios

Impugnación de denegación de Justicia Gratuita por el letrado

     Juzgado de lo Penal Nº 1 de Gijón.

      Autos 19/2012.

      Providencia de 14 de Marzo de 2.012.

      Juez: D. Lino Rubio Mayo.

      El art. 20 de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita establece en su párrafo primero que “quienes sean titulares de un derecho o de un interés legítimo podrán impugnar las resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita”.

      Por mi parte entiendo que el letrado designado tiene un interés legítimo en la impugnación de estas resoluciones, máxime cuando las mismas deniegan el derecho, toda vez que de ello depende el cobro de su retribución.

      Bajo este prisma reclamé frente a la resolución que denegaba a un cliente los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita. Mi reclamación estaba dentro del plazo para reclamar, tomando como fecha de inicio para su cómputo aquélla en que a mí personalmente se me había notificado la resolución.

      Sin embargo, el Juzgado inadmite a trámite por providencia la reclamación al considerarla extemporánea por haberse interpuesto fuera de plazo tomando como fecha de inicio no aquélla en que a mí se me había notificado la resolución, sino otra anterior en que se había notificado al cliente.

      Con esto se da por sentado que la providencia objeto de esta crítica no considera al letrado titular de un interés legítimo en orden a impugnar la resolución denegatoria de la justicia gratuita en trámite administrativo. Lo que yo entiendo que conculca de plano el artículo 20 de la citada Ley.

 NOVIEMBRE 2.013.


1 comentario

Retribución del Turno de Oficio en los casos de denegación de Asistencia Jurídica Gratuita

     Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Oviedo.

      Procedimiento abreviado 382/2012.

      Sentencia de 30 de Octubre de 2.013.

      Juez: Dña. Pilar Martínez Ceyanes.

      En mi propio nombre formulé este recurso contra resoluciones de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dependiente de la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias (véase comentario en Temas Generales: Situaciones de impago en las actuaciones del Turno de Oficio).

      Como antecedentes cabe señalar:

      1) Por designación hecha en Turno de Oficio por el Colegio de Abogados de Gijón defendí a J.L.A.R. acusado en procedimiento abreviado 225/2007 (diligencias previas 4341/07) del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Gijón, posterior procedimiento abreviado 43/09 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de dicha localidad.

      2) Concluido el trámite y cobrada la retribución correspondiente, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita me comunica posteriormente que tengo que devolver la retribución porque al cliente le han sido denegados los beneficios de asistencia jurídica gratuita por no aportar la documentación requerida a tal fin.

      3) Impugno la denegación de justicia gratuita ante dicho Juzgado de lo Penal Nº 1 de Gijón en autos 19/2012, que resuelve no admitir a trámite dicha impugnación. (Véase en esta misma sección de Jurimprudencia esta resolución).

      4) Promuevo jura de cuentas contra el cliente ante el mismo Juzgado de lo Penal Nº 1 en autos 173/2012 en los que en fecha 12 de Junio de 2.012 recayó auto declarando insolvente a J.L.A.R.

      5) Inicio la vía administrativa solicitando que no se me retire la retribución de dicho turno en base a que:

      a) No soy responsable de que el cliente no haya cumplimentado la documentación requerida.

      b) No puedo cobrar del cliente porque es insolvente y así está declarado.

      c) Actué a instancia de la Comisión, no del cliente, y es por tanto la Comisión la que debe pagarme.

      La sentencia, de fecha 30 de Octubre de 2.013, desestima el recurso y da la razón a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, quedando mi trabajo sin remuneración.

      Los razonamientos de la sentencia son de este calibre:

      “En el caso de autos una vez denegada al interesado la asistencia jurídica gratuita, el Letrado quedaba eximido de su obligación al haber quedado sin efecto la designación provisional. No tenía por tanto obligación de acudir al juicio ni representar al acusado a partir de dicho momento, por lo que su intervención, a partir de ese momento, quedaba a expensas de la designación del propio acusado que lógicamente debía cargar con el coste de la misma”.

      “Así las cosas y verificada la efectiva denegación de la asistencia jurídica gratuita no cabe sino reconocer la conformidad a derecho del reintegro de la suma percibida por el Letrado en la defensa del solicitante toda vez, se insiste, denegado el derecho carece de sustrato jurídico alguno la posibilidad de que los servicios profesionales se devenguen a cargo de la Administración. Debe ser el propio interesado el que los abone sin que la declaración de insolvencia, recaída además tres años más tarde de la solicitud, tenga relevancia alguna para determinar la legalidad de aquélla”.

      Esta sentencia parte de un grande y grave error, y es que la juez entiende que las designaciones en turno de oficio se pueden renunciar por el letrado si al cliente no le es concedido el beneficio de asistencia jurídica gratuita y a su vez no asume el pago de los honorarios del letrado. Es un error mayúsculo. Inconcebible que alguien con la experiencia y prestigio de esta magistrada pueda haber padecido semejante error.

      Es de risa pensar que un insolvente que no goza de los beneficios de justicia gratuita porque no cumplimenta la documentación requerida y por ello el letrado renuncia a su defensa, no se le podría juzgar nunca, ya que si no tiene abogado defensor no se le puede enjuiciar. Y así se le podrían nombrar nuevos letrados que irían renunciando por el mismo motivo. A este absurdo conduce el razonamiento no menos absurdo de la sentencia.

      Mantiene la sentencia que la declaración de insolvencia del cliente no tiene relevancia alguna, cuando es más que evidente que si el cliente es solvente paga él mismo liberando del pago a la Administración.

      Refuerza el argumento diciendo que la declaración de insolvencia recayó tres años más tarde de la solicitud. Y no tiene en cuenta la magistrada que esos tres años fueron los que tardó la Administración en requerir al letrado para que devolviese la retribución (porque aquí no se negó la retribución, sino que se pagó y después se exigió la devolución), más el breve tiempo transcurrido en la tramitación de la jura de cuentas que es donde se declaró la insolvencia del cliente.

      Estos insólitos razonamientos conducen a que el cliente insolvente que no se preocupa en solicitar en debida forma el beneficio de asistencia jurídica gratuita, debe ser defendido por letrado en cumplimiento del mandato que le hace la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a través de su colegio profesional, sin poder obtener remuneración alguna.

      Menos mal -todo hay que decirlo- que la juzgadora apreció discrepancias jurídicas lo suficientemente relevantes para no imponer costas. Laudemus Deo.

      NOVIEMBRE 2.013.


1 comentario

Situaciones de impago en las actuaciones del Turno de Oficio: un caso concreto.

     Con fecha 9 de Diciembre de 2.008 el Colegio de Abogados me designó para hacerme cargo de la defensa J.L.A.R., acusado de estafa en procedimiento abreviado 225/07 (diligencias previas 4341/07) del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Gijón, posterior procedimiento abreviado 43/2009 del Juzgado de lo Penal 1 de esta localidad.

      El cliente reside en Madrid. Nunca tuve contacto con él, ni contestó a mis correos. El juicio oral se celebra en su ausencia. Se dicta sentencia condenatoria. Se me abona la retribución correspondiente a esta actuación en turno de oficio.

      En Diciembre de 2.011 tengo conocimiento de que la retribución que me fue abonada, se me va a deducir de retribuciones posteriores debido a que al cliente le ha sido denegado el derecho a la asistencia jurídica gratuita por no haber aportado la documentación requerida a tal fin.

      Dirijo escrito a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita solicitando se me notifique a mí personalmente la denegación de tal derecho, por entender que independientemente de la notificación al cliente, debe hacérseme a mí también como persona interesada.

      Se me notifica entonces personalmente a mí la denegación de la justicia gratuita. Presento escrito interesando la revocación de tal denegación.

      Conoce del trámite el Juzgado de lo Penal Nº 1 (autos de impugnación de denegación de justicia gratuita 19/2012) en los que se dicta providencia en fecha 14 de Marzo de 2.012 por el magistrado D. Lino Rubio Mayo por la que constando “que la notificación de la denegación de la asistencia jurídica gratuita se realizó el 3 de Febrero de 2.009 a Dña. E.R.L. en Fuenlabrada, Madrid, en el domicilio de J.L.A.R.; no ha lugar a la admisión a trámite de la impugnación formulada por haberse efectuado una vez transcurrido el plazo legal prevenido en el art. 20 de la Ley 1/1996 de 10 de Enero … Contra la presente resolución no cabe recurso alguno”.

      Esta resolución implica: que no se considera que el letrado del presunto beneficiario tenga el interés legítimo que el art. 20 de dicha Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita señala a efectos de recurrir las resoluciones. (Véase esta resolución a la sección de Jurimprudencia).

      En vista de esto, promoví un procedimiento de Jura de Cuentas contra mi cliente J.L.A.R. que tramitó el propio Juzgado de lo Penal Nº 1 de Gijón en autos 173/2012, en los que recayó auto firme en fecha 12 de Junio de 2.012 declarando insolvente a J.L.A.R.

      Por ello inicié un trámite en vía administrativa ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias, solicitando se mantuviese la retribución del asunto en cuestión por tres fundamentales motivos:

      a) Porque el letrado no puede hacerse responsable de que el cliente no cumplimente debidamente la solicitud de asistencia jurídica gratuita.

      b) Porque  si bien el letrado puede reclamar sus honorarios al cliente cuando a éste le han sido denegados los beneficios de asistencia jurídica gratuita, ello resulta ilusorio cuando el cliente es insolvente.

      c) Porque en definitiva tuve que hacerme cargo de la defensa del cliente, pese a que el mismo no solicitó en debida forma tales beneficios y pese a ser insolvente, en cumplimiento del mandato de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que me obliga a aceptar la defensa en turno.

      La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita desestimó mi petición así como el recurso de reposición interpuesto contra tal desestimación por dos motivos:

      1) Porque no vinculan a la Comisión las declaraciones de insolvencia hechas por el Juzgado.

      2) Porque la Comisión no tiene atribuidas competencias en materia de subvenciones por actuaciones profesionales derivadas de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita. (Esto según informó oralmente en el posterior trámite jurisdiccional la letrada de la Administración es, en román paladino, que no hay presupuesto para retribuir una actuación profesional si no hay previa concesión de justicia gratuita).

      Por mi parte pienso que siendo la Administración la que ordena realizar el trabajo, es la propia Administración la obligada a su pago, resultando fraudulento el impago en base a no haber presupuesto. Si no hay presupuesto no se debe encargar a ningún letrado un trabajo que no se va a pagar.

      Por ello formulo demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa que la tramita el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Oviedo en procedimiento abreviado 382/12 en el que expongo más de lo mismo: El cliente no aportó la documentación precisa para la concesión del beneficio de justicia gratuita, por lo que le fue denegado, a su vez el mismo resulta insolvente y el letrado que interviene no cobra de la Administración ni del cliente, por lo que entiendo que es la Administración la que debe pagar por ser quien ordenó al letrado intervenir, y no el cliente.

      La sentencia dictada por la magistrada titular de dicho Juzgado Dña. Pilar Martínez Ceyanes en fecha 30 de Octubre de 2.013 (véase esta sentencia en la sección de Jurimprudencia) desestima el recurso en base a los siguientes razonamientos:

      1) Si el derecho de asistencia jurídica gratuita no es reconocido, las designaciones de profesionales que eventualmente se hubieren realizado quedarán sin efecto y el peticionario deberá en su caso abonar los honorarios de éstos.

      2) Da por hecho que recibí la originaria notificación denegando los beneficios al cliente, por el simple hecho de que en el expediente administrativo consta que se remitió carta al letrado, aunque no consta la recepción por parte de éste.

      3) Por tanto no tenía obligación de acudir al juicio en defensa del cliente, pues ello quedaba a expensas de que el propio cliente asumiese los honorarios.

      4) Mantiene -acertadamente- que la resolución denegatoria de la justicia gratuita adquirió firmeza ante el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Gijón y que ello por tanto no es susceptible de revisar en la jurisdicción contencioso-administrativa.

      5) Mantiene que “denegado el derecho de asistencia jurídica gratuita, carece de substrato jurídico alguno la posibilidad de que los servicios profesionales se devenguen a cargo de la Administración pues debe ser el propio interesado el que los abone sin que la declaración de insolvencia, recaída además tres años más tarde de la solicitud, tenga relevancia alguna para determinar la legalidad de aquélla”.

      He de precisar que esos tres años han sido los que tardó la Administración en comunicarme que debía devolver la retribución, más breve tiempo invertido en la jura de cuentas y trámite administrativo previo al contencioso.

      Resumiendo el relato expuesto se da la siguiente situación para los letrados del Turno de Oficio:

      1.- Cliente que solicita los beneficios pero no aporta la documentación precisa.

      2.- Entre tanto se le designa letrado defensor.

      3.- Se le deniegan los beneficios.

      4.- El cliente está en situación de insolvencia acreditada.

      5.- El letrado no cobra ninguna retribución. Lo que constituye una aberración de grueso calibre.

      No puede justificarse diciendo que el letrado debió de cumplimentar el impreso Anexo I.B. Cuando ocurrió el caso expuesto creo que no se utilizada ese impreso, pero aunque ello no fuese así, hay que considerar que el letrado no puede hacer los juicios de valor a que se refiere dicho impreso sobre la pertinencia de la concesión de estos beneficios a un cliente que no conoce, que nunca ha visto y del que no tiene la menor referencia. Cualquier opinión en este sentido, además de infundada, constituye una falsedad.

      Tampoco puede justificarse diciendo que el letrado queda eximido de su obligación, pudiendo renunciar a la defensa si el cliente no le contrata particularmente, porque:

      1) La mayor parte de las veces la denegación del beneficio se hace después del juicio.

      2) ¿Y los trabajos realizados antes del juicio oral?

      3) No cabe tal renuncia.

      Ante situaciones como ésta creo que los derechos económicos de los letrados (también procuradores y peritos) debían ser reclamados y exigidos con el mayor rigor por parte de los colegios profesionales. La huelga ante situaciones como ésta está plenamente justificada y es lamentable que el propio colegio no la secunde y unos pocos esquiroles la revienten.

      Personalmente en cuanto al caso expuesto, participé a mi Colegio de Abogados de Gijón esta situación. Que yo sepa, no se hizo por parte del Colegio nada al respecto.

      Habría que exigir que las resoluciones sobre concesión o denegación de justicia gratuita sean notificadas a los letrados de forma fehaciente, al menos por correo certificado y con acuse de recibo.

     E igualmente habría que exigir que los casos de insolvencia del cliente sin beneficios de asistencia jurídica gratuita se satisfagan por la Administración. Se usa como remedio el impreso Anexo I.B. Pero como ya dije, hay casos, como el comentado, en los que el letrado no puede cumplimentar dicho impreso emitiendo opiniones infundadas, so pena de falsedad.

     De momento sólo cabe esperar que los miembros de la Junta de Gobierno de nuestro Colegio se muestren más activos y reivindicativos en defensa de los derechos del colectivo al que representan y menos complacientes con la Administración. Yo les exhorto a ello.

     NOVIEMBRE 2.013


Deja un comentario

Costas causadas por el Fiscal

     Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Gijón.

      Juicio verbal 586/2012.

     Auto de 8 de Mayo de 2.013.

      Juez: Dña. Covadonga Pajín Collada.

      Procedimiento sobre filiación. Intervienen actor, demandado y Ministerio Fiscal.

      El actor litiga acogido a los beneficios de justicia gratuita.

      Las tres partes interesan la práctica de una prueba pericial de determinación de paternidad.

      La sentencia no impone costas.

      Al demandado se le gira la mitad del importe económico de la prueba pericial. Entienden Juez y Secretaria que el costo debe ser pagado por el actor y demandado y como aquél litiga acogido a los beneficios de justicia gratuita, el demandado ha de satisfacer sólo su mitad.

      Personalmente entiendo que aunque el art. 394-4 LEC es claro al decir que en ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal en los procesos en que intervenga como parte, ello no quiere decir que el Ministerio Fiscal no cause costas. Y si las causa, las mismas han de ser declaradas de oficio dado que no le pueden ser impuestas; lo que no quiere decir que tengan que asumirlas las demás partes en el proceso.

      En el presente caso el demandado debió de satisfacer tan sólo un tercio de las costas, ya que los otros dos tercios deben atribuirse al litigante con justicia gratuita y al Ministerio Fiscal, aunque ambos estén exentos de su pago.

      Para que se entienda mejor: si solamente el Ministerio Fiscal hubiese sido quien hubiese pedido la prueba, es evidente que su coste no lo iban a asumir las otras partes, de no hacerse expresa imposición de costas.

      Parece que Jueza y Secretaria confunden en el presente caso el devengo de las costas con el pago de las mismas.

      OCTUBRE 2.013.

      ADDENDA:

      Me da la razón en este sentido la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015 de 2 de Julio al establecer en su art. 7 último párrafo que “los gastos ocasionados por testigo y peritos serán a cargo de quien los proponga”. Lo que evidencia que los propuestos de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal serán de cargo de la Administración.

      ABRIL 2.016.


Deja un comentario

La presunción de veracidad de los agentes de la autoridad.

     Carece del menor rigor la presunción de veracidad que se otorga a las manifestaciones de los agentes de la autoridad (guardias civiles, policías locales…) en algunos de los procedimientos sancionadores seguidos en virtud de denuncia de los mismos. Se les da una presunción de veracidad iuris tantum, es decir, que lo que el agente de la autoridad dice es cierto mientras no se demuestre lo contrario, aunque esa demostración en la inmensa mayoría de los casos no resulte posible. (Ya me dirán cómo desvirtuar la denuncia de un agente de tráfico, cuando el denunciado no cuenta más que con la testifical de quienes viajan con él, personas siempre afines o familiares, pues resulta insólito viajar con extraños…, un autostopista tal vez).

      Y cuando denuncio esta falta de rigor en algunos de los procedimientos sancionadores, me estoy refiriendo a aquéllos en los que el agente de la autoridad denunciante es premiado o incentivado con una participación en el importe económico de la sanción. Más claro aún, lleva una comisión sobre el importe de las multas que pone.

      Y digo que carece del menor rigor porque la autoridad denunciante se convierte en parte interesada (crematísticamente interesada) en la denuncia que da lugar a la sanción que a su vez le proporciona un beneficio económico. Y de esta suerte, siendo parte interesada pierde todo carácter de objetividad, veracidad e imparcialidad que es precisamente en base a lo que se le da la presunción de veracidad a su denuncia.

      Es a todas luces evidente que esta comisión sobre el importe de las multas es preciso erradicarla si se quiere dar un mínimo de credibilidad a estos agentes de la autoridad. Salta a la vista que comisiones y presunción de veracidad no son compatibles.

      Se arguye que de no ser por esta comisión en las multas estas personas se relajan y no imponen sanciones ni formulan denuncias, es decir, no trabajan. Lo que redunda aun más en esta incompatibilidad que denuncio, pues qué honestidad cabe apreciar en la denuncia de quien no cumple con su deber de denunciar si no es a base de incentivo.

      Ante esto -y concluyo ya- pienso:

     a) Que el que impongan menos sanciones no es sinónimo inexorable de que trabajen menos, pues pueden dedicar su trabajo a otros menesteres (corregir, advertir, enseñar…) que no sean solo poner multas; cosa que no harían en el otro caso expoliados y corrompidos por el incentivo de las comisiones.

     b) Que si un funcionario público agente de la autoridad -con todas las prebendas que ello conlleva- no trabaja lo suficiente si no es a base de darle comisiones sobre las  multas haciéndole perder así sus atributos de honestidad, objetividad, veracidad e imparcialidad, es preferible que se le purgue (hay mucha gente deseosa de ocupar su puesto) antes que mercantilizar su función de manera que provoca la institucionalización de la corrupción en el sistema.

OCTUBRE 2.014.