Adolfo Venta – Abogado

Costas: criterios para su imposición

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     El criterio informador de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 en materia de imposición de costas en los procedimientos declarativos ordinarios se inspiraba en la libre apreciación de los Tribunales de la existencia de temeridad, salvo en los supuestos de excepción taxativamente determinados en la misma Ley.

      Consecuentemente el criterio para hacer expresa imposición de costas a una parte litigante era simplemente que el Tribunal apreciase en dicha parte una conducta temeraria o de mala fe, tanto en el aspecto procesal como en el sustantivo.

      La verdad es que rara vez hacían los Tribunales expresa imposición de costas a una parte, pues se vivían procesos en los que la mala fe de alguno de los litigantes rayaba a considerable altura, sin que el Tribunal sentenciador apreciase méritos suficientes para imponerle las costas.

      Las sentencias expresaban en uno de sus Considerandos (hoy, Fundamentos de Derecho), generalmente el último, la manida coletilla de que no se apreciaban méritos suficientes para una expresa imposición de costas.

      Pienso que esta desidia por parte de jueces y tribunales en apreciar méritos en orden a una imposición de costas, no obedecía nada más que a la ley del mínimo esfuerzo. ¿Para qué molestarse razonando y motivando una expresa imposición de costas?, si a fin de mes -o principios del siguiente- vamos a cobrar lo mismo. El juez cumplía con la legalidad diciendo que no apreciaba méritos para ello (yo diría que no se molestaba en apreciar), y una vez cubierto así el aspecto formal, importaba poco a los jueces dispensar una justicia material y molestarse en motivar imposiciones de costas basadas a veces en conductas claramente temerarias.

      Esta total dejadez por parte de los jueces en cuanto a administrar correctamente justicia en materia de costas tuvo un paliativo en el Decreto de 21 Noviembre 1.952 regulador del procedimiento ordinario de cognición (a caballo en cuanto a su cuantía entre el juicio verbal y el de menor cuantía, hoy ordinario) que en su art. 60 establecía:

      “En las resoluciones que pongan término al juicio se resolverá sobre el pago de costas, que se impondrán a la parte cuyos pedimentos hubieren sido totalmente rechazados. Si la estimación o desestimación fueren parciales, cada parte abonará las costas causadas a su instancia, y las comunes, por mitad”.

      Pero en la práctica con ello no se hizo más que aumentar la denunciada injusticia respecto a costas, creando así situaciones injustas pero de distinto signo, pues tan injusto resultaba no imponer costas cuando había que imponerlas, como imponerlas cuando no se debieran imponer. La denunciada dejadez de los jueces siguió igual pero en doble sentido, sin tomarse la menor molestia tanto para no imponer costas en un procedimiento de cognición como para imponerlas en los demás procedimientos declarativos. Así que podías perder un cognición por un pelín y te imponían los costas, a la vez que podías ganar otro declarativo por goleada y no te daban costas.

      No tenía el menor sentido la doble vara de medir en un procedimiento que en otros. Y por eso, pienso yo, en la reforma de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil llevada a cabo por la Ley 34/1.984 de 6 de Agosto se estableció en su art. 523 lo siguiente:

      “En los juicios declarativos las costas de la primera instancia se impondrán a la parte cuyas pretensiones hubieren sido totalmente rechazadas, salvo que el juez, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifique su no imposición.  Si la estimación o desestimación fueren parciales cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad”.

      También en consonancia el art. 710 respecto al recurso de apelación establecía:

      “La sentencia confirmatoria o que agrave la de primera instancia deberá contener condena en costas al apelante, salvo que la Sala estime motivadamente que concurren circunstancias excepcionales que justifican otro pronunciamiento”.

      Pero en la práctica resultaba muy extraño ver un pronunciamiento de este tipo tanto por parte de los Juzgados como de las Salas de las Audiencias, aunque por parte de éstas no tanto.

      De este modo el criterio básico de no imponer costas salvo razonadas excepciones se trocó en el opuesto de imponerlas salvo las mismas excepciones. La dejadez judicial, por llamarlo de algún modo, siguió igual, sin razonar ni motivar, y por eso imponiendo ahora costas a diestro y siniestro en virtud sin más que del criterio del vencimiento, caiga quien caiga, sin pararse a fundamentar lo verdaderamente procedente en cada caso, porque parece que lo único que les importa a nuestros jueces es cumplir con aquéllo que es objeto de inspección, y que no es más que poner sentencias como sea para no tener el Juzgado atascado de asuntos en trámite. La finalidad es muy loable, pero no justifica la baja calidad de las sentencias, al menos en cuanto al tema de costas que es el que aquí se trata.

      En el momento presente con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000 de 7 de Enero la situación es muy parecida a la anterior. En su art. 394 se expresa de este modo:

      “En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.  Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad”.

      Este mismo criterio es el fijado para el recurso de apelación y otros en los arts. 397 y 398 de dicha Ley.

      Vemos por tanto que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil sigue el mismo criterio del vencimiento establecido en la anterior a partir de la reforma de 1.984, si bien facilita más al juez salirse de ese automatismo de que quien pierde paga, pues para ello antes se requería la concurrencia de circunstancias excepcionales, mientras que ahora basta con apreciar serias dudas de hecho o de derecho, lo que mitiga la suma rigidez anterior.

      Pero el caso en definitiva -y es a lo que voy- es que tanto cuando imperaba el principio de la no imposición, como ahora que rige el de la imposición, nuestros jueces nunca han hecho gala de molestarse lo más mínimo en razonar y motivar los casos -bastantes, por cierto- en que la aplicación automática de cualquiera de estos dos principios no resulta procedente, sencillamente porque crea una situación injusta. Es como si hubiese un pacto tácito de silencio entre los jueces para no calar en este asunto. Y así están los jueces dictando resoluciones que cumplen la legalidad y son  la vez en muchos casos enormemente injustas, sin más justificación que su personal desidia, apatía, comodidad y dejadez.

      Con la vigente Ley, que como vemos sigue el criterio del vencimiento, se producen a veces situaciones macabras ante la total frivolidad de los tribunales que las imponen sin importarles un rábano la situación que crean para el condenado (les basta con cumplir la legalidad), pues si les importase algo se molestarían en motivar un justo y equitativo reparto de las costas, porque -también hay que decirlo- no tiene por qué adoptarse únicamente el dilema de costas sí o costas no, pues cabe distribuirlas de forma que no sea solo a una parte o por mitad entre ambas, sinó por ejemplo, una cuarta parte frente a tres cuartas partes, o un tercio frente a dos tercios o en cualquier otro porcentaje (pronunciamientos éstos que en contadisísimas ocasiones hemos visto), o incluso excluyendo o incluyendo de la imposición determinada partida cual pudiera ser los honorarios de determinado perito, etc. Claro está que todo esto exige un estudio más profundo y una mayor motivación, pero cómo vamos a pedir esto a nuestros jueces si por exclusiva razón de comodidad no se salen de la imposición pura y dura por criterio del vencimiento a modo de martillo pilón; justicieros ajusticiando al justiciable.

      En definitiva, el actual sistema de imposición de costas unido a las nuevas tasas y demás depósitos y consignaciones no hace otra cosa sinó que cercenar el principio pro actione de libre acceso a la jurisdicción, pues ahora más que nunca el plantear un pleito supone una decisión de riesgo y más aún si ante un resultado adverso se opta por recurrir en apelación. Y es que la inseguridad jurídica es tal que incluso los abogados no aventuramos cual va a ser el resultado de un juicio ya concluso hasta no tener la sentencia en la mano, por lo que muchas veces es preferible no litigar para evitar serios disgustos. Todo ello si no se reúnen las condiciones necesarias para poder litigar acogiéndose a los beneficios de asistencia jurídica gratuita, porque quienes la obtengan afrontarán los juicios con el mismo desenfado y despreocupación, aplomo y serenidad con que lo hacen nuestros jueces, fiscales y secretarios, que tampoco pagan costas.

      A propósito de esto, loaba el eximio procurador de los tribunales Eduardo Castro la actuación de un juez de Gijón llamado Obdulio Siboni (posteriormente magistrado del Tribunal Supremo) que allá por los años 20 del pasado siglo se impuso a sí mismo las costas de determinado trámite procesal en reconocimiento de que no había despachado el mismo con acierto, en un gesto de humildad y sensatez que le honra. No sé que trámite procesal sería que en aquella época permitiese semejante pronunciamiento. Con la ley actual no sería posible, pero si lo fuese, ¿alguien se imagina a un juez pagando las costas de un recurso a quien apeló con éxito de su sentencia?. Yo no me lo imagino porque siempre sostuve que el modus operandi de nuestros jueces está inspirado en aquellos versos de Guillén de Castro: “procure siempre acertalla el hidalgo y principal; pero si la acierta mal, defendella y no enmendalla”.

      No cabe duda de que los jueces debieran tomar mayor conciencia de lo que supone disponer de las costas. Para ello nada mejor que sufrirlo en sus carnes (entiéndase, en su cuenta corriente). Algo así como lo que la revolución cubana hizo con los intelectuales: mandarlos una temporada a cortar caña para que así tomasen conciencia plena del trabajo y la vida del guajiro porque desde los despacho se ve de otra forma.

      ABRIL 2.014

Autor: Adolfo Venta Martínez

Adolfo Venta -Abogado es un despacho de Gijón, Asturias, dedicado a la mediación y al arbitraje, especialmente en funciones de partidor, además de prestar asesoramiento jurídico general y ejercer en defensa de los intereses de sus clientes en los juicios que puedan encomendársele.

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