Adolfo Venta – Abogado

Los abogados no colegiados y las costas

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     Soy partidario de la colegiación obligatoria de los abogados, aunque no esté de acuerdo con algunos aspectos del funcionamiento de los colegios, al menos de los que yo conozco, y en especial el mío, el de Gijón, que es el único en el que a día de hoy, en virtud de la colegiación única por razón de residencia, estoy colegiado.

      Y digo que soy partidario de la colegiación obligatoria, entre otras varias razones de más peso, porque así prima facie al menos sabemos quienes somos.

      Consecuentemente no veo con excesivo agrado que se permita intervenir ante un Tribunal de Justicia en calidad de abogados a personas que no lo son, porque no reúnen el requisito de la colegiación que se exige para ser abogado y actuar en tal condición ante los Tribunales. Pero éste no es el tema a que voy ahora a referirme, que se ciñe exclusivamente a los honorarios en costas de estas personas.

     Los licenciados en derecho no abogados pueden intervenir como abogados sin estar colegiados, previa habilitación del Colegio correspondiente para actuar en defensa de intereses propios o de familiares cercanos. Así por ejemplo, un juez o un inspector de trabajo, que son licenciados en derecho, pueden en virtud de su licenciatura, no de su oposición, intervenir de esta forma. En estos casos el Tribunal Supremo tiene declarado que si hay condena en costas a favor de esta parte, éstos llamémoslos pseudoabogados no pueden minutar en costas. Resulta lógico. Si las costas son del abogado, ellos no lo son. Si las costas son del cliente, el cliente no tiene costas de abogado porque ellos no pueden girar honorarios.

      Sin embargo intervienen ante los Tribunales en defensa de la Administración personas adscritas al servicio jurídico de la misma, que se supone son licenciados en derecho y teniendo este dato como cierto no están adscritos a ningún colegio ni son abogados ejercientes: así por ejemplo, servicio jurídico del I.N.S.S., servicios jurídicos de ayuntamientos y comunidades autónomas y los propios abogados del Estado al servicio de la Administración Central.

      Las condenas en costas a favor de la Administración cuando estos “defensores” intervienen, incluyen los honorarios del abogado, que no debieran incluirse por el símil con los licenciados en derecho, pues tenemos que:

      a) Si las costas son del letrado, estas personas, aunque sean licenciados o doctores en derecho no son abogados ejercientes, no están adscritos a ningún colegio y no están obligados por las normas deontológicas ni siquiera en materia de honorarios. Sin embargo es curioso que en caso de impugnación de honorarios sean los colegios quienes emitan dictamen, precisamente sobre honorarios de personas no aforadas como abogados y sin que los mismos tengan conocimiento de los criterios de honorarios profesionales del colegio en cuestión.

      Es más, sus honorarios en costas no tienen tratamiento fiscal. Son ingresos por actividad profesional y ellos no son profesionales sino funcionarios públicos. Tendrían que estar de alta en el I.A.E., en la Mutualidad/Seguridad Social y en el más leve de los supuestos tendrían que ser alta como abogados ejercientes para poder pasar esa minuta aunque luego acto seguido se diesen de baja. Pero ocurre que para darse de alta como abogado en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) hay que estar colegiado. Por lo que si se colegian ya desapareció el problema porque entonces son abogados ejercientes. (Ello sin perjuicio del régimen de incompatibilidades que les pudiera afectar).

      b) Si los honorarios no son del abogado, sino de la propia parte, nos encontramos con que lo cobrado en costas de letrado pasaría a la Administración correspondiente en concepto de resarcimiento de costas. Pero esas costas no existen porque la Administración no paga esos honorarios al funcionario que interviene de letrado en su defensa. Con lo que si no existen costas, es decir, gasto de honorarios de letrado a cargo de la Administración, mal podrá ésta cobrar el importe de esos honorarios a la parte vencida en costas. Si esto se hace así estaríamos cuando menos, creo yo, ante un caso típico de enriquecimiento injusto por parte de la Administración.

      Ello me lleva a la conclusión de que en las tasaciones de costas no deberían de incluirse nunca honorarios de letrado cuando quien interviene como tal no es colegiado ejerciente, lo que implica cuando menos estar en alta en el colegio correspondiente y ante la Hacienda Pública, que no es poco.

      Lo mismo cabe decir cuando estos funcionarios hacen de procurador, tal es el caso del abogado del Estado que ostenta en pleito no sólo la defensa, sino también la representación de la Administración.

      ENERO 2.014

Autor: Adolfo Venta Martínez

Adolfo Venta -Abogado es un despacho de Gijón, Asturias, dedicado a la mediación y al arbitraje, especialmente en funciones de partidor, además de prestar asesoramiento jurídico general y ejercer en defensa de los intereses de sus clientes en los juicios que puedan encomendársele.

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