Adolfo Venta – Abogado

Situaciones de impago en las actuaciones del Turno de Oficio: un caso concreto.

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     Con fecha 9 de Diciembre de 2.008 el Colegio de Abogados me designó para hacerme cargo de la defensa J.L.A.R., acusado de estafa en procedimiento abreviado 225/07 (diligencias previas 4341/07) del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Gijón, posterior procedimiento abreviado 43/2009 del Juzgado de lo Penal 1 de esta localidad.

      El cliente reside en Madrid. Nunca tuve contacto con él, ni contestó a mis correos. El juicio oral se celebra en su ausencia. Se dicta sentencia condenatoria. Se me abona la retribución correspondiente a esta actuación en turno de oficio.

      En Diciembre de 2.011 tengo conocimiento de que la retribución que me fue abonada, se me va a deducir de retribuciones posteriores debido a que al cliente le ha sido denegado el derecho a la asistencia jurídica gratuita por no haber aportado la documentación requerida a tal fin.

      Dirijo escrito a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita solicitando se me notifique a mí personalmente la denegación de tal derecho, por entender que independientemente de la notificación al cliente, debe hacérseme a mí también como persona interesada.

      Se me notifica entonces personalmente a mí la denegación de la justicia gratuita. Presento escrito interesando la revocación de tal denegación.

      Conoce del trámite el Juzgado de lo Penal Nº 1 (autos de impugnación de denegación de justicia gratuita 19/2012) en los que se dicta providencia en fecha 14 de Marzo de 2.012 por el magistrado D. Lino Rubio Mayo por la que constando “que la notificación de la denegación de la asistencia jurídica gratuita se realizó el 3 de Febrero de 2.009 a Dña. E.R.L. en Fuenlabrada, Madrid, en el domicilio de J.L.A.R.; no ha lugar a la admisión a trámite de la impugnación formulada por haberse efectuado una vez transcurrido el plazo legal prevenido en el art. 20 de la Ley 1/1996 de 10 de Enero … Contra la presente resolución no cabe recurso alguno”.

      Esta resolución implica: que no se considera que el letrado del presunto beneficiario tenga el interés legítimo que el art. 20 de dicha Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita señala a efectos de recurrir las resoluciones. (Véase esta resolución a la sección de Jurimprudencia).

      En vista de esto, promoví un procedimiento de Jura de Cuentas contra mi cliente J.L.A.R. que tramitó el propio Juzgado de lo Penal Nº 1 de Gijón en autos 173/2012, en los que recayó auto firme en fecha 12 de Junio de 2.012 declarando insolvente a J.L.A.R.

      Por ello inicié un trámite en vía administrativa ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias, solicitando se mantuviese la retribución del asunto en cuestión por tres fundamentales motivos:

      a) Porque el letrado no puede hacerse responsable de que el cliente no cumplimente debidamente la solicitud de asistencia jurídica gratuita.

      b) Porque  si bien el letrado puede reclamar sus honorarios al cliente cuando a éste le han sido denegados los beneficios de asistencia jurídica gratuita, ello resulta ilusorio cuando el cliente es insolvente.

      c) Porque en definitiva tuve que hacerme cargo de la defensa del cliente, pese a que el mismo no solicitó en debida forma tales beneficios y pese a ser insolvente, en cumplimiento del mandato de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que me obliga a aceptar la defensa en turno.

      La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita desestimó mi petición así como el recurso de reposición interpuesto contra tal desestimación por dos motivos:

      1) Porque no vinculan a la Comisión las declaraciones de insolvencia hechas por el Juzgado.

      2) Porque la Comisión no tiene atribuidas competencias en materia de subvenciones por actuaciones profesionales derivadas de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita. (Esto según informó oralmente en el posterior trámite jurisdiccional la letrada de la Administración es, en román paladino, que no hay presupuesto para retribuir una actuación profesional si no hay previa concesión de justicia gratuita).

      Por mi parte pienso que siendo la Administración la que ordena realizar el trabajo, es la propia Administración la obligada a su pago, resultando fraudulento el impago en base a no haber presupuesto. Si no hay presupuesto no se debe encargar a ningún letrado un trabajo que no se va a pagar.

      Por ello formulo demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa que la tramita el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Oviedo en procedimiento abreviado 382/12 en el que expongo más de lo mismo: El cliente no aportó la documentación precisa para la concesión del beneficio de justicia gratuita, por lo que le fue denegado, a su vez el mismo resulta insolvente y el letrado que interviene no cobra de la Administración ni del cliente, por lo que entiendo que es la Administración la que debe pagar por ser quien ordenó al letrado intervenir, y no el cliente.

      La sentencia dictada por la magistrada titular de dicho Juzgado Dña. Pilar Martínez Ceyanes en fecha 30 de Octubre de 2.013 (véase esta sentencia en la sección de Jurimprudencia) desestima el recurso en base a los siguientes razonamientos:

      1) Si el derecho de asistencia jurídica gratuita no es reconocido, las designaciones de profesionales que eventualmente se hubieren realizado quedarán sin efecto y el peticionario deberá en su caso abonar los honorarios de éstos.

      2) Da por hecho que recibí la originaria notificación denegando los beneficios al cliente, por el simple hecho de que en el expediente administrativo consta que se remitió carta al letrado, aunque no consta la recepción por parte de éste.

      3) Por tanto no tenía obligación de acudir al juicio en defensa del cliente, pues ello quedaba a expensas de que el propio cliente asumiese los honorarios.

      4) Mantiene -acertadamente- que la resolución denegatoria de la justicia gratuita adquirió firmeza ante el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Gijón y que ello por tanto no es susceptible de revisar en la jurisdicción contencioso-administrativa.

      5) Mantiene que “denegado el derecho de asistencia jurídica gratuita, carece de substrato jurídico alguno la posibilidad de que los servicios profesionales se devenguen a cargo de la Administración pues debe ser el propio interesado el que los abone sin que la declaración de insolvencia, recaída además tres años más tarde de la solicitud, tenga relevancia alguna para determinar la legalidad de aquélla”.

      He de precisar que esos tres años han sido los que tardó la Administración en comunicarme que debía devolver la retribución, más breve tiempo invertido en la jura de cuentas y trámite administrativo previo al contencioso.

      Resumiendo el relato expuesto se da la siguiente situación para los letrados del Turno de Oficio:

      1.- Cliente que solicita los beneficios pero no aporta la documentación precisa.

      2.- Entre tanto se le designa letrado defensor.

      3.- Se le deniegan los beneficios.

      4.- El cliente está en situación de insolvencia acreditada.

      5.- El letrado no cobra ninguna retribución. Lo que constituye una aberración de grueso calibre.

      No puede justificarse diciendo que el letrado debió de cumplimentar el impreso Anexo I.B. Cuando ocurrió el caso expuesto creo que no se utilizada ese impreso, pero aunque ello no fuese así, hay que considerar que el letrado no puede hacer los juicios de valor a que se refiere dicho impreso sobre la pertinencia de la concesión de estos beneficios a un cliente que no conoce, que nunca ha visto y del que no tiene la menor referencia. Cualquier opinión en este sentido, además de infundada, constituye una falsedad.

      Tampoco puede justificarse diciendo que el letrado queda eximido de su obligación, pudiendo renunciar a la defensa si el cliente no le contrata particularmente, porque:

      1) La mayor parte de las veces la denegación del beneficio se hace después del juicio.

      2) ¿Y los trabajos realizados antes del juicio oral?

      3) No cabe tal renuncia.

      Ante situaciones como ésta creo que los derechos económicos de los letrados (también procuradores y peritos) debían ser reclamados y exigidos con el mayor rigor por parte de los colegios profesionales. La huelga ante situaciones como ésta está plenamente justificada y es lamentable que el propio colegio no la secunde y unos pocos esquiroles la revienten.

      Personalmente en cuanto al caso expuesto, participé a mi Colegio de Abogados de Gijón esta situación. Que yo sepa, no se hizo por parte del Colegio nada al respecto.

      Habría que exigir que las resoluciones sobre concesión o denegación de justicia gratuita sean notificadas a los letrados de forma fehaciente, al menos por correo certificado y con acuse de recibo.

     E igualmente habría que exigir que los casos de insolvencia del cliente sin beneficios de asistencia jurídica gratuita se satisfagan por la Administración. Se usa como remedio el impreso Anexo I.B. Pero como ya dije, hay casos, como el comentado, en los que el letrado no puede cumplimentar dicho impreso emitiendo opiniones infundadas, so pena de falsedad.

     De momento sólo cabe esperar que los miembros de la Junta de Gobierno de nuestro Colegio se muestren más activos y reivindicativos en defensa de los derechos del colectivo al que representan y menos complacientes con la Administración. Yo les exhorto a ello.

     NOVIEMBRE 2.013

Autor: Adolfo Venta Martínez

Adolfo Venta -Abogado es un despacho de Gijón, Asturias, dedicado a la mediación y al arbitraje, especialmente en funciones de partidor, además de prestar asesoramiento jurídico general y ejercer en defensa de los intereses de sus clientes en los juicios que puedan encomendársele.

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