Adolfo Venta – Abogado

La presunción de veracidad de los agentes de la autoridad.

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     Carece del menor rigor la presunción de veracidad que se otorga a las manifestaciones de los agentes de la autoridad (guardias civiles, policías locales…) en algunos de los procedimientos sancionadores seguidos en virtud de denuncia de los mismos. Se les da una presunción de veracidad iuris tantum, es decir, que lo que el agente de la autoridad dice es cierto mientras no se demuestre lo contrario, aunque esa demostración en la inmensa mayoría de los casos no resulte posible. (Ya me dirán cómo desvirtuar la denuncia de un agente de tráfico, cuando el denunciado no cuenta más que con la testifical de quienes viajan con él, personas siempre afines o familiares, pues resulta insólito viajar con extraños…, un autostopista tal vez).

      Y cuando denuncio esta falta de rigor en algunos de los procedimientos sancionadores, me estoy refiriendo a aquéllos en los que el agente de la autoridad denunciante es premiado o incentivado con una participación en el importe económico de la sanción. Más claro aún, lleva una comisión sobre el importe de las multas que pone.

      Y digo que carece del menor rigor porque la autoridad denunciante se convierte en parte interesada (crematísticamente interesada) en la denuncia que da lugar a la sanción que a su vez le proporciona un beneficio económico. Y de esta suerte, siendo parte interesada pierde todo carácter de objetividad, veracidad e imparcialidad que es precisamente en base a lo que se le da la presunción de veracidad a su denuncia.

      Es a todas luces evidente que esta comisión sobre el importe de las multas es preciso erradicarla si se quiere dar un mínimo de credibilidad a estos agentes de la autoridad. Salta a la vista que comisiones y presunción de veracidad no son compatibles.

      Se arguye que de no ser por esta comisión en las multas estas personas se relajan y no imponen sanciones ni formulan denuncias, es decir, no trabajan. Lo que redunda aun más en esta incompatibilidad que denuncio, pues qué honestidad cabe apreciar en la denuncia de quien no cumple con su deber de denunciar si no es a base de incentivo.

      Ante esto -y concluyo ya- pienso:

     a) Que el que impongan menos sanciones no es sinónimo inexorable de que trabajen menos, pues pueden dedicar su trabajo a otros menesteres (corregir, advertir, enseñar…) que no sean solo poner multas; cosa que no harían en el otro caso expoliados y corrompidos por el incentivo de las comisiones.

     b) Que si un funcionario público agente de la autoridad -con todas las prebendas que ello conlleva- no trabaja lo suficiente si no es a base de darle comisiones sobre las  multas haciéndole perder así sus atributos de honestidad, objetividad, veracidad e imparcialidad, es preferible que se le purgue (hay mucha gente deseosa de ocupar su puesto) antes que mercantilizar su función de manera que provoca la institucionalización de la corrupción en el sistema.

OCTUBRE 2.014.

Autor: Adolfo Venta Martínez

Adolfo Venta -Abogado es un despacho de Gijón, Asturias, dedicado a la mediación y al arbitraje, especialmente en funciones de partidor, además de prestar asesoramiento jurídico general y ejercer en defensa de los intereses de sus clientes en los juicios que puedan encomendársele.

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